La apropiación social de la tecnología, que supone su empleo para fines de relevancia social.
La utilización consciente de las tecnologías y su impacto en el acreciento de la democracia, avanzando desde sus actuales formas representativas hacia nuevas formas de participación.
La propagación de derechos intermedios, tales como el acceso universal y a bajo costo de la información, lo que permite la difusión de ideas y creencias sin censura ni fronteras.
La posibilidad de formar toda una inteligencia colectiva que actúa como recurso estratégico para la inserción de las comunidades en el entorno globalizado.
El empleo de los servicios del gobierno electrónico, promoviendo la cercanía de la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos.
La creación y defensa de espacios de desarrollo humano como bienes comunes.
La lucha frontal contra la exclusión digital que ha fomentado la existencia de brechas culturales, económicas, territoriales y étnicas que frenan el ejercicio de la ciudadanía digital.
La protección comunitaria frente a políticas institucionales de control.
La difusión y apropiación del conocimiento y el desarrollo de múltiples formas de la cultura popular.
El derecho a participar en el diseño de nuevas tecnologías que incidan en la vida de las personas, así como en la evaluación previa de su implantación.
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