Busca regular lo que se denota en su denominación, y lo ulterior.

Reconoce la valides y eficacia de los datos electrónicos, y su confidencialidad y reserva.

Determina la conservación y los requisitos para la conservación de los datos electrónicos.

Detalla lo referente a la legitimidad de personería (emisor y receptor).

Esclarece el uso exclusivo del sistema único de notificaciones y gestiones de trámites para los procesos judiciales en curso.

Provee de un sitio seguro para el manejo de información relacionada a un proceso.

Define a la firma electrónica: Conjunto de datos que permiten identificar a su titular. Denota sus requisitos y efectos, así como las obligaciones de su titular.

Determina el tiempo de vigencia de la firma electrónica y la forma por la que se extingue

Define al certificación de la firma electrónica: Conjunto de datos que validan la relación de la firma y su titular; mediante comprobación.

Regula la certificación de la firma electrónica, nacional y extranjera, el uso y requisitos de dicho documento y, su duración y extinción.

Norma su suspensión por disposición del ente rector, ante falsedad en la información o si se incumple el contrato entre la entidad y el titular. Además, de su revocatoria por cese o quiebra de la entidad que certifica.

Define a las entidades de certificación de información: Las personas jurídicas que validan una firma electrónica y prestan demás servicios autorizados. Tambien delimita sus obligaciones y correspondientes responsabilidades y reparaciones.

Quien certifica deberá garantizar la protección de las información recabada hasta después de su terminación acorde a la LODC, y notificar su prestación de servicios con 90 días de anticipación.

El órgano encargado del control de la promoción y difusión de servicios electrónico es COMEX.

El CONATEL será el órgano de autorización, mientras que la superintendencia de Telecomunicaciones, es la que supervisa las entidades de certificación, se delimitan sus funciones.

Se esclarece que actos son denominados como infracciones administrativas, el procedimiento, sanciones y medidas cautelares a aplicarse.

Resalta el correcto cumplimiento de los formalidades para que las diversas actividades que impliquen el uso de medios o datos electrónicos tengan validez.

Define como se ejecuta la validez de los contratos electrónicos, su aceptación y respectivo perfeccionamiento y aclara que su recepción o apertura del mensaje no conlleva su aceptación.

Se determinará la jurisdicción dentro del contrato, de no hacerlo se regirán por la normativa ecuatoriana acorde al caso y se permite el uso otros medios de resolución de conflictos (arbitraje).

Norma que previo a la aceptación de registro electrónico se deberá dar a conocer de manera clara y concreta al usuario o consumidor los permisos, procesos y programas que este requiere o a los que permite acceso.

Ante la necesidad de autorización de medios electrónicos se deberá contar con el consentimiento claro y preciso del consumidor, además de notificársele sus derechos y obligaciones y los procedimientos para hacerlos efectivos.

Se reconoce la validez de los instrumentos públicos electrónicos siempre que cumplan con las solemnidades.

Se reconoce como prueba y presume como válida a los datos, firmas, documentos y demás elementos electrónicos emitidos por las entidades autorizadas.

Determina los aspectos y procesos que se seguirán para la valoración de la prueba y la respectiva notificación electrónica del desarrollo del proceso (casillero judicial).

Ante la duda de la autoridad encarga de resolver un proceso acerca de la firma se deberá verificar su veracidad a través del software propuesto por el ente rector.